Uno de los cambios más importantes que se ha producido en nuestra sociedad en las últimas décadas ha sido la evolución de la situación de las mujeres y el avance de la igualdad, un hecho que ha situado a España en la vanguardia europea y ha formado parte fundamental de nuestra modernización como país. Hoy las mujeres tienen una mayor presencia en la vida económica, social y política, gracias un esfuerzo individual y colectivo, que ha sido compartido por la sociedad y acompañado por las políticas desarrolladas desde las distintas Administraciones Públicas.
En los últimos años hemos visto avanzar la legislación sobre igualdad. La ley de protección integral contra la violencia de género, la ley para la igualdad, la ley de salud sexual y reproductiva y de la IVE, han estado acompañadas de importantes avances en derechos sociales plasmados en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y en el impulso de Planes, programas y recursos de atención integral a las mujeres. Las políticas de atención social y rentas para combatir la pobreza han tenido como destinatarias a las mujeres, principales víctimas de la exclusión social. El incremento de las pensiones mínimas ha mejorado la calidad de vida de muchas mujeres mayores.
En definitiva, el avance en derechos individuales y el desarrollo del Estado del Bienestar han acompañado a las mujeres y los hombres de este país en su proyecto vital.
Sin embargo este 8 de marzo de 2012, por primera vez desde hace años, no podemos conmemorar esta fecha con avances en el camino hacia la igualdad real y efectiva. Este 8 de marzo nos enfrentamos a una batalla ideológica de los Gobiernos del PP contra los derechos de las mujeres.
Un batalla que se concreta en el anuncio de la eliminación del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva y en el ataque frontal que supone el real decreto ley de medidas para la reforma del mercado laboral. Una batalla que cada día sufren miles de familias con los recortes del Estado del Bienestar, en educación, en salud y en el cuidado de personas dependientes.
Este día 8 de marzo es especialmente doloroso porque el Gobierno lleva al Parlamento una reforma del mercado laboral que expulsa a las mujeres del empleo puesto que:
- Elimina el derecho a la conciliación de todos los trabajadores y trabajadoras al permitir organizar la jornada, los turnos y los tiempos de trabajo solamente en función de las necesidades económicas, organizativas y de la producción, sin tener en cuenta las necesidades de atención y cuidado de las familias.
- Da prioridad a los convenios de empresa frente a los convenios estatales o autonómicos, y lo hace expresamente en el caso de medidas que afectan al tiempo de trabajo y a la conciliación.
- Permite a las empresas obligar a hacer horas extraordinarias en los supuestos de contratos a tiempo parcial e impide a los trabajadores y trabajadoras organizar sus tiempos en casos de reducción de jornada por cuidados e incluso por lactancia. Aplica la flexibilidad solo para las empresas mientras elimina derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
- Reducirá el salario de las mujeres, puesto que permite hacerlo por razones de competitividad y productividad, y no olvidemos que las mujeres tienen salarios más bajos y están en situación de mayor vulnerabilidad en el empleo.
Son las mujeres quienes se siguen ocupando en mayor medida de la atención a las personas en situación de dependencia y de los niños y niñas, y por lo tanto sufrirán con mayor intensidad las consecuencias de esta reforma.
En definitiva es una reforma muy peligrosa para las mujeres a las que, en algunos casos expulsará del empleo ante la imposibilidad de conciliar su vida familiar y laboral, y, en otros, mantendrá en situación de precariedad al eliminar el marco de desarrollo de las medidas y planes de igualdad.
Es una reforma peligrosa para toda la sociedad porque además de ser injusta, ineficaz y discriminatoria, desaprovecha el enorme potencial que supone contar con las capacidades de la mitad de la población y sus posibilidades de participar en el crecimiento económico y social que sigue demandando nuestra sociedad y requiere nuestro país.
Una vez más la derecha, ante una situación de crisis, expulsa a las mujeres de la actividad económica y con ello de la actividad social. Una vez más pretende sustituir los derechos sociales del Estado del Bienestar por la doble y triple jornada de las mujeres para que sean ellas quienes se ocupen en exclusiva de la atención y el cuidado.
Una vez más los socialistas y las socialistas, junto a amplios sectores progresistas de nuestra sociedad, nos comprometemos en la defensa del derecho a la igualdad y la libertad de las mujeres y los hombres de nuestro país, por eso hoy denunciamos las intenciones ocultas y explícitas de esta reforma laboral, exigimos que se mantenga el derecho de las mujeres a decidir, que se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, que se mantengan los derechos de las personas en situación de dependencia. Reclamamos que se busquen soluciones diferentes a las que está tomando la derecha, que no son otras que recortar los derechos del Estado del Bienestar y hacer pagar la crisis a quienes más necesitan de esos derechos, que es la mayoría de la población y la inmensa mayoría de las mujeres.
